15 Ene Las Juntas de Defensa Pasiva de Cataluña
DEFENSA PASIVA
Al principio de la guerra no se temía por un ataque aéreo en la retaguardia, ya que seguía considerándose que la guerra se desarrollaba en los frentes y que las retaguardias eran lugares tranquilos, donde no es corría ningún tipo de peligro. Esta percepción cambió pronto, cuando algunas ciudades de la retaguardia empezaron a ser bombardeadas, ya fuera por mar o por aire. De este modo, la necesidad de proteger a la población civil ante estos ataques aéreos y navales, hizo que se empezaran a establecer una serie de medidas de protección de la población que serían conocidas como Defensa pasiva, o lo que es lo mismo, la defensa del territorio sin respuesta agresiva.
Hacia el otoño de 1936 se empezó a tomar conciencia de la vulnerabilidad de las ciudades ante las agresiones aéreas y la necesidad de protegerse, de modo que los ayuntamientos y los ciudadanos comenzaron a organizarse y a desarrollar diversas actuaciones para organizar la Defensa Pasiva, creando de este modo las Juntas de Defensa Pasiva Local en cada población, siguiendo unas normas generales centralizadas por la Junta de Defensa Pasiva de Cataluña. Las Juntas de Defensa Pasiva Locales eran las encargadas de llevar a cabo las medidas de protección y de formar a la gente, realizando cursos en Defensa Pasiva en diversas especialidades y servicios. Además, también era la encargada de informar a la población civil de los pasos a seguir ante un ataque aéreo y, lo que sería más importante; fueron las responsables de la construcción en casi todas las poblaciones catalanas de refugios antiaéreos para proteger a la población civil. Todas estas tareas fueron realizadas con unos recursos mínimos, pero gracias a una gran participación ciudadana permitió alcanzar cuotas de protección civil inimaginables.
JUNTAS DE DEFENSA PASIVA
El Ayuntamiento de Barcelona fue la primera administración pública en hacer frente al problema de la defensa antiaérea, y para ello tuvo que recurrir a estudios realizados en Francia, Bélgica y Suiza al respecto, ya que no había ningún estudio realizado en el país sobre los ataques aéreos y la protección de la población civil. En otoño de 1936, el consistorio barcelonés creó la Comisión de Urbanización y Obras (COU) bajo la presidencia del concejal Manuel Muñoz Díez, e integrado por consejeros municipales, técnicos y representantes de los sindicatos. Al mismo tiempo, muchos vecinos, preocupados por la defensa antiaérea, comenzaron a organizarse para iniciar la construcción de los primeros refugios, organizando y nombrando alcaldes de barrio y vigilantes nocturnos de estas primeras obras defensivas. Como este personal no era suficiente, la Comisión incluyó un Servicio de Defensa Pasiva Antiaérea que empezó a movilizar al personal, además, de crear también un Servicio de Pavimentos, que estaba en contacto permanente con el delegado militar de la Consejería de Defensa.
En cambio, esta petición no fue resuelta hasta el 9 de junio de 1937 cuando, a raíz de un decreto de la Generalitat, fue creada la Junta de Defensa Pasiva de Cataluña (JDPC), que sería la encargada de tomar todas las medidas, a la vez de proteger y auxiliar a la población civil contra posibles ataques aéreos, marítimos o de gas. También tuvo que disponer la construcción de todos los refugios que se estimasen necesarios, así como su conservación y vigilancia. La nueva JDPC incorporó también con carácter especial al Ayuntamiento de Barcelona, debido a que esta era la entidad pionera y con más experiencia sobre la materia. La JDPC estaba formada por diferentes secciones: Trabajo Voluntario del Departamento de Trabajo; Defensa Pasiva y Servicios Z (antigás) del Consejo de Sanidad de Guerra y Secretaría de Defensa Pasiva del Comité pro-Ejército. Posteriormente, fueron creadas las Brigadas Mixtas de Defensa Pasiva, cada una integrada por una Brigada de Salvamento, una Brigada de Desescombro y una Brigada de Servicios Z (antigases).
Poco tiempo después de la creación de la Junta de Defensa Pasiva de Cataluña, el Gobierno de la República estableció un nuevo decreto para unificar todas las iniciativas que habían surgido como defensa ante los ataques aéreos. Según este nuevo decreto, la Defensa Pasiva pasaría a estar organizada por la DECA (Defensa Contra Aeronaves), encargada de publicar las normas generales; y se tenían que crear comités locales y provinciales, formados por especialistas que no estuvieran sujetos a ser movilizados, siendo estos cargos no remunerados. Del mismo modo, todos los gastos originados por la preparación y la realización de la Defensa Pasiva debían ser sufragados por sus propios beneficiarios.
Un decreto de la Generalitat de Cataluña con fecha 11 de agosto de 1937, anunciaba que en cada ciudad, pueblo o ciudad de Cataluña donde fuera necesario, se había de constituir una Junta de Defensa Pasiva Local que debía estar integrada por el Alcalde, el jefe militar, el jefe militar de orden público, el arquitecto o ingeniero municipal, el médico municipal y el secretario, además de los representantes de los diferentes partidos políticos y sindicales: UGT, ERC, CNT, Unión de Rabassaires.
Poco a poco, se fueron creando en las diferentes poblaciones de Cataluña las Juntas de Defensa Pasiva Local con unos objetivos muy claros, entre los que destacaba informar a la población ante los ataques aéreos y formarlos en la protección; dictar una serie de normas a seguir ante estos ataques; así como establecer la construcción de refugios como medida de protección más efectiva ante la imposibilidad de disponer de una defensa activa potente. La construcción de refugios antiaéreos fue la principal tarea a desarrollar por parte de las Juntas de Defensa Pasiva Locales (JDPL) y la que consumió más recursos de las administraciones, aunque en muchas poblaciones ya se había comenzado a trabajar en todo lo referente a la defensa pasiva mucho tiempo antes de la creación de estas Juntas. De hecho, en algunos casos, la construcción de refugios había partido de la iniciativa de la administración local, y en otros de los propios vecinos y de sus asociaciones vecinales. Con la creación de las JDPL estas asociaciones o grupos de vecinos, serían reconvertidos por los decretos de la Generalitat en Juntas de Barrio, de Vecinos o de Distrito; y pasarían a estar subordinadas a las Juntas de Defensa Pasiva Locales. De este modo se institucionalizaron sus funciones y responsabilidades, siendo sus cargos obligatorios y gratuitos, tal y como lo habían establecido los decretos del Gobierno de la República.
El principal problema que tuvieron las Juntas de Defensa Pasiva Locales fue sobre todo la financiación, ya que el propio Gobierno de la República se desentendió de la financiación de las diferentes obras a realizar y muchos proyectos no pudieron salir adelante por falta de recursos económicos. En cuanto a las condiciones del cobro, según un acuerdo firmado en Barcelona el 22 de noviembre de 1937 por el Secretario General M. Davó, la JDPL debía asignar una persona que semanalmente o quincenalmente debía desplazarse a Barcelona para el cobro correspondiente a la semana o a la quincena del trabajo. Este individuo tenía que aportar toda la documentación necesaria para que el cobro fuera efectivo: dos copias certificadas del acuerdo tomado por la Junta asignando a un miembro de la misma; cinco certificaciones del importe de los materiales empleados en la semana o quincena; las nóminas del trabajo efectuado, también por quintuplicado; y facturas por quintuplicado los materiales adquiridos.
Más adelante, ya hacia mediados de 1938, el Gobierno de la República aportó 10.000.000 de pesetas con la condición de que el dinero sirviera para pagar el material y la mano de obra especializada para finalizar obras de refugios ya en marcha. Este dinero se repartió de forma desigual, ya que del total, 7.000.000 de pesetas fueron por la Junta de Defensa Pasiva de Barcelona; mientras que 2.102.000 pesetas se las tuvieron que repartir entre 89 poblaciones catalanas. Las Juntas Locales tuvieron que espabilarse para poder contar con recursos suficientes para terminar los proyectos de refugios que habían planificado.
La Consejería de Economía de la Generalitat las ayudó a obtener recursos, decretando el 23 de marzo de 1938 la obligación de las empresas colectivizadas y de las sometidas a control obrero a destinar el 15% de sus beneficios a atenciones sociales de carácter colectivo (como asegurar la protección civil). En algunas ciudades, además, todos los industriales y comerciantes tenían que hacer una aportación a la Junta de Defensa Pasiva Local correspondiente, equivalente al 2% sobre la cuota que satisfacían al Tesoro debido a la contribución industrial y / o comercial. La principal consecuencia de este último hecho fue el establecimiento de una cuota del 1,5% sobre el sueldo de todos los trabajadores, con inclusión de pluses y otras gratificaciones que percibían. Igualmente, todo el mundo que tuviera obreros a sus órdenes descontarían cada semana o cada mes en el acto de pago de jornales o sueldos, el tanto por ciento estipulado, que sería entregado a la JDPL.
Podemos ver pues, como la construcción de refugios se financiaba con impuestos locales extraordinarios y con subvenciones de la Junta de Defensa Pasiva de Cataluña y de la Generalitat de Cataluña. Pero a pesar de ello, estos recursos eran insuficientes para lograr los resultados esperados, por lo que muchos proyectos y construcciones quedaron paralizados. Este grave problema, junto con la continua pérdida de competencias por parte de la Junta de Defensa Pasiva de Cataluña hacia la DECA, que se fue produciendo hacia finales del 1938, tendría unas consecuencias desastrosas. La creación de una nueva Junta Nacional para la Defensa Pasiva por parte del Gobierno de la República el 10 de noviembre de 1938, supuso el fin de hecho de la Junta de Defensa Pasiva de Cataluña.
